Conforme al texto aprobado y que fuera elaborado por la Comisión de Constitución, la propuesta pasa por modificar las normas del Código Civil relativas a la declaración de testigos y confesión judicial, de modo de restar del listado a gran parte de las autoridades ahí mencionadas que poseen la opción prestar declaración testimonial o de confesión en un juicio, en el domicilio que ellos determinen y no en el tribunal.
Las autoridades a las que se les resta el citado privilegio son: senadores y diputados; subsecretarios; delegados presidenciales regionales y provinciales; los alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción y los jefes superiores de servicio.
A éstos se les suman los miembros de la Corte Suprema o de alguna de las Cortes de Apelaciones; los fiscales judiciales de estos tribunales; los jueces letrados; el fiscal nacional y los fiscales regionales; los oficiales generales en servicio activo o en retiro, los oficiales superiores y los oficiales en jefes.
Mantendrán el actual beneficio solo el Presidente de la República y los ministros de Estado.
En sus fundamentos, los diputados autores del proyecto, ahora enviado a consideración del Senado, resaltan que en una sociedad democrática deben limitarse los tratos preferentes en favor de las autoridades públicas y sólo subsistir aquellos que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de los más altos cargos.
Cabe recordar que esta iniciativa es complementaria a otra propuesta despachada por la Cámara de Diputados en junio pasado, la cual elimina estos privilegios procesales a favor de autoridades eclesiásticas.
Dicha norma los suprime para el arzobispo y los obispos, así como a los vicarios generales, provisores, vicarios y provicarios capitulares y párrocos. Incluso, esta medida contempla a los religiosos y novicios aunque pertenezcan a órdenes de clausura.
