Según informa hoy La Tercera, se trata de un protocolo adelantado en general el lunes pasado por el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos, Luis Torres, al entregar las cifras de casos investigados por las fiscalías. “Es un protocolo exclusivo para abordar en general los casos y tiene por objetivo fortalecer la persecución penal y garantizar una respuesta coherente a las víctimas”.
El documento se envió vía correo electrónico a cada uno de los fiscales regionales del país, en el que se hace hincapié en un punto que hasta ahora no tiene precedentes, que es la investigación de delitos eventualmente prescritos.
El punto está contenido en el segundo acápite del documento, rotulado “Época de comisión de los hechos”, el cual instruye a los persecutores aplicar los lineamientos en la totalidad de casos ingresados al Ministerio Público, “sin límite temporal respecto de la fecha de comisión de las conductas delictivas”.
De esta forma, “se establece la necesidad de realizar actividades investigativas y protección de víctimas en toda causa iniciada, postergando la decisión sobre el término por prescripción de la acción penal o incompetencia ante juzgados del crimen o civiles con competencia en estas materias”.
La idea es “ejercer de mejor forma la persecución penal, al buscar determinar la comisión de hechos posteriores que sí sean de competencia del actual sistema de justicia penal, o que hayan provocado el efecto de interrumpir la prescripción”.
Las fiscalías podrán rastrear a personas investigadas, hacer cruces de información respecto de lugares donde ejercieron funciones, si eventualmente su nombre se repite en diferentes regiones y si es posible identificar otros hechos que permitan interrumpir la prescripción.
El documento entrega, además, directrices de cómo se realizará la persecución penal. Señala que las investigaciones que la fiscalía inicie de oficio, es decir, por iniciativa del persecutor, deben identificar a las víctimas y que en caso que estas sean “adultas, se requiere que ellas denuncien o ratifiquen los hechos. Si esto no ocurre, no se podrá continuar con la investigación”.
El escrito plantea también cómo hacer los requerimientos de información a Roma, acción que hasta ahora ejercieron las fiscalías Metropolitana Sur, La Araucanía y Valparaíso, los cuales serían enviados la próxima semana a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía nacional, vía Cancillería.
