Derechos Humanos

Demoledor: Informe ONU por situación de menores de Sename. “Violaciones graves y sistemáticas”

El informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas con el diagnóstico realizado por dos expertos, luego de su visita a una serie de centros de Sename en enero de este año concluye que se han cometido “violaciones graves y sistemáticas” por parte del Estado de Chile a los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su custodia, y el Gobierno se mostró sorprendido por la dureza del lenguaje empleado por los expertos. En su respuesta al informe dada a conocer por el Ministerio de Justicia, se reiteró el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con su política de “los niños primero” y dijo que los antecedentes son anteriores a este mandato. 

En su respuesta, el Gobierno explicó que el diagnóstico planteado por el Comité se funda en los antecedentes recogidos en su visita a centros de la regiones Metropolitana y de Valparaíso durante enero de 2018, las entrevistas sostenidas en dicha ocasión, y los análisis y conclusiones contenidos en una serie de informes sobre la situación de la infancia vulnerada elaborados a partir de 2013 por el Poder Judicial, Unicef, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según el Gobierno, el informe formula su diagnóstico y recomendaciones a partir de hechos y antecedentes previos a que el actual Gobierno asumiera su gestión y lo hace utilizando un tenor asertivo y severo afirmando, en resumen, que en Chile han existido “violaciones graves y sistemáticas” a los derechos de la infancia vulnerable en los últimos 40 años, esto es, a partir de la creación de Sename en 1979.

Añade que ninguno de los informes previos elaborados por el Comité en relación a Chile —en 2007 y 2015— había efectuado este tipo de aseveración, lo cual constituye un giro que el documento no desarrolla.

RESUMEN DE LAS ACUSACIONES

En efecto y en resumen, para el Comité, el Estado es responsable por “graves violaciones de los derechos enunciados en la Convención”. Estas graves violaciones estarían constituidas por “violación de su obligación de respetar los derechos de los NNA durante su estadía en las residencias de administración directa del Estado; por no proveer la protección y el cuidado adecuado a NNA que entran en el sistema de protección residencial por haber sido víctimas de vulneraciones de derechos, ni los cuidados necesarios para la recuperación y rehabilitación física y psicológica de los NNA”.

“Violación de su obligación de hacer cumplir los derechos de los NNA por la inexistencia de medidas efectivas y oportunas para poner fin a las violaciones de derechos, tanto en su familia de origen como en las residencias de administración privada; la falta de una ley integral de protección de la niñez basada en una perspectiva de derechos humanos; la existencia y uso extendido y continuo de medidas judiciales que fallan en su propósito de protección y recuperación y la incapacidad y/o voluntad, por parte del Estado, de tomar medidas eficaces y oportunas a pesar de que la situación del sistema de protección residencial es conocida a través de informes oficiales de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo”.

INFORME “NO ES DEL TODO NUEVO”

En su respuesta al informe, el Gobierno consigna “formuló su propio diagnóstico antes de asumir funciones y por ello comprometió que, de ser elegido, iba a ‘poner a los niños primero’ en las prioridades públicas”.

“El diagnóstico del informe no es del todo nuevo para el Estado. En efecto, el país —especialmente a partir de la publicación del informe ‘Jeldres’ en 2013— tenía conocimiento del conjunto de situaciones descritas en el informe del Comité. Prueba de ello es que la propia administración de Michelle Bachelet adoptó medidas en su período recién pasado”.

“Es por ello que sus recomendaciones se alinean en gran medida con las acciones que se han tomado los últimos años, y particularmente con las políticas y medidas que ha impulsado la actual administración del Presidente Sebastián Piñera, que ha puesto el interés de los niños como la primera prioridad. Este informe, por tanto, se constituye en una nueva voz dentro del llamado a ponerlos a ellos primero”, reitera la respuesta gubernamental.

“En cuanto al informe mismo y a las acciones a tomar en su mérito, sin perjuicio de las observaciones que pueda merecer en cuanto a su contenido o a la pertinencia de sus juicios y recomendaciones, el Presidente de la República ha encargado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacerse cargo del diagnóstico y propuestas contenidas en el mismo”, informa el documento de respuesta.

  


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