Política

Subsecretaría de Prevención del Delito denuncia contratos de operadores en gobierno anterior

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la presunta contratación durante la pasada administración de operadores políticos en el organismo que dirige. 

“No vamos a tolerar que ningún peso destinado a la seguridad de los chilenos sea desviado a un fin distinto que no sea prevenir el delito”, enfatizó Martorell.

El martes, un informe periodístico televisivo reveló que la Contraloría, al evaluar el Plan Nacional de Seguridad Pública del pasado gobierno de Michelle Bachelet, detectó una serie de irregularidades de gestión que incluyen el incumplimiento de 16 de las 27 metas del Plan Nacional “Seguridad para Todos”.

Entre ellas, la falta de mecanismos para medir el grado de avance de las medidas comprometidas y reducir la victimización en los indicadores “Robo con violencia o intimidación” y “Robo con fuerza en la vivienda”, lo que por el contrario tuvo un aumento en un 28,2% y 41,7%, respectivamente.

En la nota de prensa, se asegura que ello implicó el mal uso de 122 mil millones de pesos, el costo total del Plan Nacional de Seguridad. Además, el ex subsecretario Antonio Frey afirmó que “los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal. Yo no puedo hacerme responsable porque un sistema político distribuye los cargos”.

Por lo mismo, el oficio entregado al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicita específicamente que el ex subsecretario sea citado a declarar con el objetivo de aclarar sus dichos.

En este sentido, la subsecretaria Martorell enfatizó que Frey deberá explicar “quiénes eran las personas que tenía contratadas, quiénes eran los operadores, de quién recibió presiones y por qué no fue capaz de garantizar que quienes componían las institución fueran verdaderos servidores públicos”. 

Martorell dijo, además, que al momento de asumir fue puesta en conocimiento del informe de la Contraloría y que de inmediato se tomaron todas medidas necesarias para responder a las observaciones.

“Tomamos acciones internas, se desvincularon personas a cargo de programas objetados, se realizaron reestructuraciones y se establecieron estándares para la contratación de funcionarios. Hoy, sólo cuatro observaciones no han sido subsanadas al tratarse de programas del gobierno anterior que no se cumplieron, como el servicio nacional de apoyo a víctimas, o proyectos de ley que no fueron presentados”, explicó Martorell.

  


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