La última encuesta Plaza Púbica Cadem arrojó que el 76% de los consultados afirma que el gobierno y el Ejército deberían cerrar el penal de Punta Peuco y que los militares juzgados por DD.HH deberían cumplir sus condenas en cárceles comunes. Sólo el 18% opina que dicha cárcel debería permanecer abierta.
Relacionado con lo anterior, el 80% establece que si un militar es declarado culpable de un delito grave, debe ir a una cárcel normal con delincuentes comunes, mientras un 18% dice que debería ir a una cárcel especial sólo para militares.
En cuanto a los militares presos por delitos de derechos humanos que estén graves o terminalmente enfermos y/o que tengan una edad muy avanzada un 58% establece que no deben tener beneficios carcelarios y que deben cumplir sus condenas sin importar su edad o salud, mientras un 38% afirma que deben tener derechos a beneficios carcelarios y cumplir condena en sus casas.
