Los manifestantes expresaron su preocupación por el “riesgo que está afectando al valle producto de la contratación de rompehuelgas inexpertos que no están trabajando en el cuidado y preservación de las políticas medioambientalistas, poniendo en riesgo a la población de Los Andes”.
“La empresa está operando con reemplazos en la planta concentradora, lo que es ilegal –dado que está prohibido por la ley el reemplazo de los trabajadores en huelga- y altamente peligroso puesto que lo hace con personal no calificado y no autorizado a operar en jornadas de 12 horas y en menor número del que los protocolos de seguridad laboral y ambiental exigen”, agregaron.
Los dirigentes recordaron que se encuentran en huelga legal desde hace 15 días y que, a pesar de ser un sindicato “pequeño”, como dijo el ministro de Minería, Baldo Porkurica, “las pérdidas alcanzan a más de un millón de dólares por día”.