“Y lo segundo es el principio de confidencialidad, o sea que hay una confianza que han hecho muchas personas, como testigos, como denunciantes y, si es el caso, como víctima, en los tribunales eclesiásticos. Entonces, la mayoría de esas personas piden confidencialidad”, concluyó.
El fiscal adjunto de Graneros, en la Región de O´Higgins, Sergio Pérez, quien estuvo a cargo del allanamiento al obispado de Valparaíso, se refirió a su vez a la diligencia señalando que por instrucción del fiscal nacional, el persecutor de la causa por delitos sexuales en la iglesia, Emiliano Arias, tuvo la facultad de iniciar las acciones en diversos obispados del país.
“En virtud de los antecedentes que nosotros hemos recibido, conseguimos órdenes judiciales para poder allanar distintos obispados del país, entre ellos el de Valparaíso, a efectos de incautar evidencias que sea relevantes para esclarecer los hechos”, explicó.
Entre la documentación que se retiró de las dependencias eclesiásticas, se encuentran las investigaciones previas que realizan los obispados, al tomar conocimiento de un hecho que afectara a la sexualidad de un menor de edad, así como las investigaciones canónicas, entre otros.
Asimismo, confirmó que hay denuncias respecto a sacerdotes de la región, sin especificar a nadie, pero clarificando que respecto a las acusaciones que pesan sobre el ex obispo Gonzalo Duarte, en cuanto a un eventual encubrimiento de denuncias en contra de religiosos, “se debe indagar en esa línea”.
En la ocasión, se aprovechó también de interrogar a funcionarios del obispado de Valparaíso, “todos aquellos que tienen cargos de responsabilidad en la tramitación de este tipo de investigación y la custodia de los documentos”, explicó. Pérez.
