Los condenados son Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Manuel Carvajal Fabres y Abraham Caro Pérez, para quienes la Fiscalía Regional de Tarapacá pidió penas de 20 años de cárcel por el secuestro y 3 años por la falsificación de instrumento público. La sentencia se leerá el próximo 28 de septiembre a las 13.00
Este segundo juicio se realizó después de que la Corte Suprema acogió los recursos de nulidad interpuestos por la fiscalía y los querellantes -Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos y los abogados del diputado Hugo Gutiérrez por la familia-, en contra de la primera sentencia que condenó a los acusados sólo por el delito de detención ilegal.
En el fallo del máximo tribunal del país, los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz y la abogada integrante Leonor Etcheberry, establecieron que existió un error en la calificación jurídica hecha por los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique.
Según el fallo de la Corte Suprema, los hechos no corresponden al delito de detención ilegal, sino al de secuestro, ya que la detención ilegal exige que el funcionario público haya actuado de buena fe, situación que no se da en este caso.
A juicio de la Corte Suprema, en el juicio quedó claro que el propósito de los acusados fue el de no acatar las normas que regulan sus funciones, “habiendo privado por ello ilegítimamente de libertad a la víctima, quien según el mérito de los antecedentes, no ha sido encontrada hasta la fecha, lo que confiere particular gravedad a los hechos”.
