El caso pasó a manos de la persecutora, luego que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y, posteriormente, el Servicio Médico Legal, catalogaran la muerte como un suicidio por “asfixia por ahorcamiento”.
No obstante, días después la misma PDI reconoció que la víctima había recibido amenazas por su participación como activista en las marchas contra la contaminación de Quintero y Puchuncaví.
En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló que “mientras no exista una voz oficial que permita dar a conocer finalmente el resultado de la causa del fallecimiento, nosotros respetamos los tiempos de la investigación”.
La fiscal Greta Fuchslocher cuenta con más de 10 años de experiencia en el Ministerio Público y se ha especializado en investigar casos de crímenes violentos.
