La senadora aseguró que “quien no cuenta con esos recursos y necesita la ayuda del Estado, entonces el Estado lo pone de rodillas, lo chantajea y lo obliga a hacer cosas que no comparte. Nosotros creemos que eso es una actitud absolutamente totalitaria”.
Puso como ejemplo, al Hospital Parroquial de San Bernardo, que “no va a poder atender a mujeres vulnerables por ningún tipo de patología ginecológica, embarazos de alto riesgo, cánceres de útero, porque si hace eso además el Estado lo obliga a hacer abortos”.
También aclaró que el requerimiento no es contra la ley de aborto en tres causales, sino que contra el dictamen de la Contraloría que obligó al Ministerio de Salud a incorporar en el reglamento de objeción de conciencia esa obligación para las instituciones privadas.
“El contralor se excedió en sus funciones, si quiere cambiar la Constitución entonces que postule a un cargo de elección popular, que gane y que genere las mayorías necesarias para poder cambiar la Constitución, si no, que la acate como lo hacemos todos los chilenos, pero lo que no puede hacer es cambiarla mañosamente a través de interpretaciones, generando y vulnerando derechos que el mismo Tribunal Constitucional ha declarado como derechos fundamentales”, enfatizó.
“Lo que estamos defiendo es que, dado que hay una ley, esa ley se aplique, pero dentro de los marcos que la Constitución regula y que no obligue a quienes pensamos que el aborto es la muerte, el asesinato de un ser que está vivo dentro del vientre materno, a hacer ese tipo de acciones”, añadió.
“Si el estado te puede obligar, por el solo hecho de darte plata, a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo, la verdad es que empezamos a un abrir puertas que después difícilmente se pueden cerrar, porque lo que se está haciendo es correr la barrera del límite del Estado en la intromisión de los proyectos y de la vida de los privados”, concluyó.