La FNE explicó que en el escrito solicitó que se revoque la Resolución N° 54 emitida por el TDLC el 31 de octubre pasado, en la cual aprobó con condiciones los acuerdos de las aerolíneas.
En su presentación, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema “que revoque la resolución recurrida y prohíba la materialización de los Joint Business Agreements consultados, por ser estos contrarios a las normas que regulan la libre competencia” y no ser las medidas adoptadas efectivas, suficientes ni adecuadas.
Desde la FNE señalaron que la operación analizada constituye un acuerdo entre competidores y su materialización implica que las partes coordinen “horarios, tarifas, estrategias de venta y capacidad, integración de programas de pasajero frecuente y el reparto de ingresos entre las partes en las rutas involucradas”.
El organismo destacó que “las partes dejarían de comportarse como agentes económicos independientes en aquellas rutas donde los JBA surten sus efectos, con consecuencias equivalentes a las de una operación de concentración, aunque sin las eficiencias y ahorros en costos que podría esperarse de una fusión”.
En su argumentación, la FNE cuestiona la decisión del TDLC, porque pese a haber reconocido en la resolución que “los riesgos que derivan de los acuerdos consultados superan a sus beneficios”, optó por aprobar las alianzas imponiendo medidas de mitigación que tendrían “por finalidad central restaurar, en la mayor medida posible, las condiciones de competencia previas a la materialización de los JBA consultados”.
A juicio de la Fiscalía, ante este escenario, las medidas impuestas por el TDLC resultan ineficaces, insuficientes, susceptibles de interpretaciones, difíciles de fiscalizar e, incluso, podrían generar distorsiones en los mercados afectados.