López estaba condenado a 87 años de prisión por ser autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados, en los casos de la Caravana de la Muerte, y por desapariciones forzadas de Villa Grimaldi durante la dictadura.
Tras su muerte, familiares y su abogado, Raúl Meza, emitieron un comunicado en el que señalan que “denunciamos la indolencia y la falta de humanidad extrema que ha tenido este gobierno, particularmente el presidente Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín”.
Meza añade que “ya es tiempo de exigirle a este gobierno los compromisos que se asumieron por el presidente Piñera en su programa durante la campaña”.
“Son muchos los que a estas alturas están absolutamente convencidos que Sebastián Piñera nuevamente traicionó la confianza y el voto de la llamada familia militar. Ya es tiempo que hable con la verdad y le diga a la familia militar y al país que los reos militares están condenados a morir en la cárcel”, concluyó el comunicado.
