La unión derivó en la salida de la ex superintendenta Tamara Agnic, y en la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados en 2016. La acción judicial fue interpuesta por el entonces diputado DC, Fuad Chahín, actual presidente del partido.
Hoy, encabezados por el diputado DC, Iván Flores, los parlamentarios ingresaron un oficio de fiscalización en el que solicitan al CDE que “se remitan los antecedentes de respaldo y sustento técnicos y jurídicos que se han desarrollado por parte del Consejo de Defensa del Estado para enfrentar la demanda de nulidad de Derecho Público que ha sido entablada en contra la Superintendencia de Pensiones”.
En particular, piden “las razones jurídicas para determinar que dicho organismo (CDE) representará y defenderá a la Superintendencia de Pensiones, toda vez que el fin último de las acciones entabladas es defender la integridad del patrimonio fiscal y el erario público que ha sido defraudado a través de las resoluciones dictadas por dicha Superintendencia cuya nulidad se persigue”.
El oficio de fiscalización fue ingresado por los diputados DC Iván Flores, Joanna Pérez, Pablo Lorenzini, Daniel Verdessi, Matías Walker, Jorge Sabag y Mario Venegas, contando con el respaldo del diputado del PR, Cosme Mellado y del diputado y presidente de RN, Mario Desbordes.
Al respecto, el diputado Flores señaló que “cuando se produjo la fusión trucha entre las dos afps, la bancada de la Democracia Cristiana inició una intensa ofensiva para lograr que quedara sin efecto, una comisión investigadora que después le costó el puesto a la superintendenta de Prensiones”.
“También pedimos en su momento que se prohibiera absolutamente dar todo trámite a nuevas fusiones y sin embargo permitieron otra fusión. Además, impulsamos una comisión investigadora que, entre otras cosas, terminó pidiendo la intervención del CDE en términos de defender los intereses de Chile”, añadió.
“Y, resulta que ahora, en la acción judicial en curso para lograr la nulidad de la fusión, aparece el CDE defendiendo a la Superintendencia. O sea, ¿en qué esta el CDE? ¿Está para defender las fusiones que se ahorran cerca de US$800 millones de impuestos o está defendiendo el interés de Chile?”, se preguntó.
Flores agregó que “el CDE está actuando por oficio en defender a instituciones del estado. Eso es lo que está haciendo pero acá hay una discusión de fondo que va más allá de si va a defender una institucionalidad pública o no. Lo que queremos que se defienda son los intereses de Chile, no solamente a una institución del estado cuyo accionar significó la renuncia de la superintendenta que en su momento facilitó estas fusiones con inventos de por medio”.
