“El joven presenció el asesinato o la muerte de su compañero. Murió al lado de él. Posteriormente lo bajaron del tractor, lo golpearon, lo ingresaron a un carro policial y lo siguieron golpeando e insultando”, relató Contreras haciendo alusión al testimonio del joven.
La directora INDH agregó que “creemos firmemente que la violencia en La Araucanía debe parar. El camino es la paz. Esta situación no puede seguir ocurriendo y el Instituto va a hacer todo lo que esté en sus manos para acompañar este proceso”. Comentó además que “dada la fragilidad de la paz y el equilibrio en La Araucanía, es sugerible el repliegue del Comando Jungla”.
La acción judicial será presentada en conjunto con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien señaló que la detención del adolescente, por el delito de receptación, fue declarada ilegal por el Juzgado de Garantía en una audiencia realizada ayer.
“Como Defensoría de la Niñez está la defensa y protección de todos los niños, niñas y adolescentes de este país, donde una jueza no solo declaró la ilegalidad de la detención sino que también ha tenido que presenciar la muerte de su amigo“, declaró Muñoz.
Asimismo, agregó que la fiscalía “no pudo acreditar la receptación del vehículo ni la participación del menor en el delito”.
El fundamento de la querella se basa en una conducta intencionada por parte de Carabineros que generó graves sufrimientos físicos y mentales en M.A.P.C. como la persecución por parte del Comando Jungla de Carabineros, por un supuesto delito de receptación de un vehículo robado, con disparos por la espalda a un grupo de adolescentes y niños mapuche, con balines de goma y balas.
El procedimiento continuó con la detención de M.A.P.C. situación marcada por los golpes e insultos por su origen étnico mapuche, agravando el hecho de que se trataba de un niño.
Toda la situación, según el INDH, fue provocada por Carabineros con una clara finalidad punitiva y discriminatoria, configurándose todos los elementos para sostener que se trata de un delito de tortura, penado en el Artículo 150 A del Código Penal y establecido en la Convención contra la Tortura.
