La presentación buscan declarar inconstitucional el texto, que prohíbe que instituciones que tienen contratos con el Estado invoquen la objeción de conciencia para no realizar la interrupción del embarazo.
El requerimiento fue interpuesto por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y el diputado de la misma colectividad y candidato a presidir el partido, Javier Macaya, sobre el artículo 13, inciso segundo, del Decreto Supremo Nº 67 del Ministerio de Salud.
“Tratándose de un Decreto Supremo que puede afectar a la ciudadanía en sus derechos constitucionales, resulta evidente el carácter de interés público que reviste el escuchar en audiencia pública a posibles terceros interesados y a las organizaciones que apoyen o impugnen el contenido cuestionado”, explicó el TC al aceptar la tramitación.