Luego que la Cámara Baja aprobara la resolución 270, – 137 votos a favor y una abstención-los legisladores pidieron una mayor atención a los inmuebles que atienden adultos mayores, sean estos parte o no de aquellos que reciben fondos públicos.
En la resolución se explica que las autoridades de salud han señalado no contar con todos los elementos necesarios para realizar una adecuada fiscalización, a lo que se suma el que su enfoque es eminentemente sanitario, más no de integración.
Esto se agravaría por las constantes transgresiones a la norma que especifica que “no podrán ingresar a estos establecimientos personas que presenten alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que requieran asistencia médica continua o permanente”, pues los centros normalmente funcionan como centros de salud integral.
“Esta opacidad en la fiscalización, donde el mismo organismo a cargo de resguardar los derechos de nuestros adultos mayores asegurados por la Constitución no tiene verdaderas capacidades, requiere una modificación urgente”, comentarios los parlamentarios a cargo de la resolución, que fue integrada por los RN Andrés Longton, Sebastián Torrealba, Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat y José Miguel Castro; el PS, Jaime Tohá; Pedro Velásquez (independiente) y Sandra Amar (UDI).
