La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades n el uso recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) por $8.001.116.883 durante 2016.
En un informe que concluyó en septiembre de este año, la Contraloría analizó a 11 corporaciones municipales y 13 departamentos de administración municipal, 12 Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, las cuales utilizaron de mala manera los fondos entregados por la SEP.
La SEP entrega dinero adicional a los sostenedores de establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo por cada alumno prioritario y preferente.
Las auditorías detectaron que $2.576.721.276 entregados por la SEP fueron utilizados en pagos de remuneraciones, y adquisiciones de bienes y servicios que no estaban contemplados en los PME. Este dinero fue gastado por los establecimientos dependientes de la Subsecretaría de Educación, 12 Seremis, 11 departamentos de Administración de Educación Municipal y cinco corporaciones municipales.
El informe también reveló que 31 sostenedores gastaron $2.658.741.423 que no fueron en beneficio de los alumnos, sino a remuneraciones, contratación de transporte escolar, destinados a capacitaciones, celebraciones y reuniones de los docentes, a adquisición de bienes y servicios, y a mejoramiento mantención y reparación de infraestructura, entre otros.
Finalmente, la CGR notó que hubo $2.765.654.184 que fueron usados sin ser acreditados, los cuales no tienen documentación que los respalde en la la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa y la Seremi de Educación de Aysén. Otras entidades que usaron los recursos sin acreditar, pero por montos menores, fueron Departamento de Educación de la Municipalidad de La Cisterna, la Seremi de Educación de Tarapacá y la Corporación Municipal de Viña del Mar.
La CGR también halló faltas en la adquisición de bienes con cargo a la SEP, en la contratación de bienes y servicios, en el incumplimiento de la Ley de Compras Públicas, por diferencias en las nóminas de alumnos prioritarios y preferentes informados por la Superintendencia de Educación, por anomalías en la suscripción y renovación de convenios de igualdad de oportunidades, y en la rendición de los recursos de la subvención.
Tras las auditorías realizadas, se hicieron 11 procedimientos disciplinarios en la Seremi de Educación de O’Higgins y en 10 municipalidades. Además, se pidió el reintegró $9.662.969.433 a través de 114 solicitudes y 12 solicitudes de acreditación de gastos para formular reparo por un total de $115.333.289.
