Los senadores Girardi Quinteros, quienes son presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Salud, respectivamente, firmaron la denuncia que fue presentada este lunes en la Fiscalía Nacional de Santiago.
El escrito, tras narrar los hechos, plantea que se han transgredido los artículos 291 y 315 del Código Penal que tipifica “los delitos relativos a la salud y vegetal” y “los crímenes y simples delitos contra la salud pública”.
“Es extrema gravedad haber expuesto a toda la comunidad de Osorno a un riesgo totalmente evitable que se produce sólo por la negligencia e irresponsabilidad de la empresa (Essal) que, por ahorrar recursos y aumentar sus utilidades, no hizo las inversiones necesarias en acciones preventivas que mitiguen los peligros”, sostuvo el senador Girardi.
El legislador manifestó además que la multa de $600 millones para la empresa es poco, de ahí, sostuvo, que se busque una sanción penal por el sufrimiento, angustia e inseguridades que ha generado en toda una ciudad y no puede quedar impune.
“Queremos ayudar al Ministerio Público a que esta situación no termine sin sanciones”, manifestó.
Girardi recordó que en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se está tramitando una ley para aumentar las penas ante casos como este.
El senador comunicó que se invitó a la comisión al superintendente de Servicios Sanitarios (Jorge Rivas) y a la subsecretaria de Salud (Paula Daza) a fin que se fiscalice a todas las sanitarias del país, ya que cree, dijo el senador, que muchas no están cumpliendo con estándares mínimos de resguardo.
“Lo más grave es que la contaminación por hidrocarburo dura harto tiempo y contaminaron el Rahue y el petróleo se incorpora en el ecosistema y en los seres vivos, por eso todo esto tiene una gravedad extrema”, subrayó.
Por otro lado, el parlamentario criticó duramente un inserto publicado en la prensa dominical –firmado por todo el gran empresariado- donde se cuestiona la Reforma al Código del Agua, proyecto presentado en el gobierno de la Presidenta Bachelet.
“Esto constituye un verdadero amedrentamiento y una presión indebida que está firmada por todos los bancos chilenos, la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura, las grandes mineras, la Confederación de la Producción y el Comercio, los actores más poderosos del país que quieren mantener un privilegio obtenido en dictadura”, enfatizó.
El congresista comentó que Chile es el único país del mundo donde el agua fue privatizada (1980).
“El agua tiene que volver a ser un derecho humano y no un recurso que se obtiene según la capacidad económica. (…)Por eso apoyamos la iniciativa de la Presidenta Bachelet de restablecer el agua como bien nacional de uso público y modificar el Código de Aguas porque como hoy es propiedad privada no se pueden establecer prioridad de uso”, cerró el senador del PPD.
