Para el parlamentario el ministerio debe elaborar un informe para que se sepa “cuál fue el costo de este fallido proceso, el cual se desarrolló a lo largo de todo el país, y que significó un despliegue de funcionarios y gastos considerables”.
Según Celis se requiere de una total transparencia en este caso, luego del “desastre” de la consulta.
“Como fiscalizador debemos tener claro que este proceso se planificó de muy mala forma y si existieron recursos fiscales de por medio, por lo que alguien debe hacerse responsable”, afirmó.
De acuerdo al diputado, en una primera instancia el Gobierno señaló que existía un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos, sin embargo, dijo Celis, no hay claridad ahora sobre ese monto.
De acuerdo a la normativa, el ministerio consultado tiene un plazo de 30 días hábiles para responder.
Cabe mencionar que el proceso de la consulta revisaría las posibles modificaciones a la Ley Indígena 19.253, el cual comenzó con su primera etapa el 22 de mayo pasado, encontrando una dura resistencia entre las mismas comunidades indígenas a lo largo de todo el país.