Congreso

Presidente de comisión Cubillos informa que Cámara votaría acusación el martes

El diputado Celso Morales (UDI), presidente de la comisión que analiza la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, informó que la votación en la sala de la Cámara se efectuaría el próximo martes 1 de octubre.

Morales explicó que la recepción de la defensa de la ministra permite acotar los plazos para pronunciarse respecto de la acusación. Pese a que tenía plazo hasta hoy miércoles, Cubillos presentó ayer su defensa.

El diputado también dijo que, ante el acortamiento de los plazos, la idea es aumentar la duración de las sesiones de la instancia, las que se prolongarán hasta el viernes o sábado de ser necesario, para recibir los testimonios de todas las personas invitadas.

“Con ello, el día lunes 30 pasaremos a la votación del informe definitivo y, el martes 1 de octubre, pasaría a la sala para su votación definitiva, por parte de todos los diputados”, explicó.

Por su parte, el abogado Francisco Cox, defensor de la secretaria de Estado, señaló en la comisión que la réplica ingresada se hizo por escrito, dado que, al ser este un tema jurídico, la “lectura reposada” permite que se analicen todos los antecedentes.

“Hemos decidido acompañar toda la prueba que sustenta cada una de nuestras argumentaciones en la contestación, ya que creemos que la oportunidad para hacer una defensa oral es ante la Sala de la Cámara”, remarcó a la vez que descartó la concurrencia de la ministra a la comisión.

El texto que entregó la ministra precisa que la acusación no cumple con los requisitos establecidos por la propia carta fundamental. En ese marco, la defensa busca desestimar la acusación basándose en cuatro argumentos:

– No respetar el carácter de último recurso o última ratio que debe tener por su envergadura toda acusación constitucional.

– No verificar las causales establecidas en la Constitución para que esta proceda.

– La existencia de imputaciones por hechos que no son responsabilidad de la ministra.

– No cumplir los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un proceso racional y justo.

  


  


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