Tribunales

Sigue en prisión exsubdirector de hospital por malversación de $1.452 millones

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la prisión preventiva de José Rodrigo Martínez Escalona, exsubdirector administrativo del Hospital Dr. Juan Morey de La Unión, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación o uso malicioso de documentos públicos, ilícitos perpetrados entre 2012 y 2019 por más de $1.452 millones.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marcia Undurraga Jensen, la fiscal judicial Gloria Hidalgo Álvarez y el abogado (i) Luis Felipe Galdames Bühler– rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Martínez Escalona en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de La Unión, el pasado 10 de enero.

Ese día, el fiscal jefe de La Unión, Raúl Suárez Pinilla, comunicó al imputado que se le investiga por cometer los delitos entre los años 2012 y abril de 2019, en conjunto con el exjefe de Contabilidad del hospital, Andrés Alejandro Carrasco Solís, quien se encuentra en prisión preventiva desde que fue formalizado por estos mismos hechos el pasado 23 de diciembre.

Según la formalización, “aprovechando el ejercicio de su cargo, José Rodrigo Martínez Escalona, con consentimiento y concierto previo del imputado Andrés Alejandro Carrasco Solís, mediante la obtención de documentos bancarios por parte de este último, consistentes en cheques firmados en blanco de la cuenta corriente del Hospital de La Unión, bajo la justificación de realizar ‘pagos centralizados’ de gastos de dicho hospital, procedió a girarlos a su nombre como beneficiario de dichos instrumentos mercantiles, logrando de esta forma ambos imputados el cobro de los referidos cheques, percibiendo o sustrayendo los fondos o caudales públicos asociados a ellos, por un monto total de $1.452.371.772”.

El fiscal Raúl Suárez agregó que, en el marco de la sustracción de los caudales públicos del hospital de La Unión, “los imputados falsificaron instrumentos públicos e hicieron uso maliciosos de dichos documentos falsos, logrando por esa vía el giro de dinero por medio de instrumentos bancarios, que luego fueron cobrados y percibidos por éstos”.

A solicitud de la fiscalía, el imputado Martínez Escalona quedó en prisión preventiva por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal dio un plazo de 180 días -vigente desde el 23 de diciembre del año pasado- para el cierre de la investigación.

  


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