Derechos Humanos

INDH rechaza polémicas declaraciones de jueza y apela por libertad de carabinero

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó las declaraciones de la jueza Andrea Acevedo en torno a la muerte del hincha albo Jorge Mora Herrera, y anunció que apelará por lass medidas cautelares que decretó la magistrada para el cabo de Carabineros Carlos Martínez Ocares.

En la audiencia que se realizó en el 14° Juzgado de Garantía, el INDH invocó como querellante el tipo penal de violencia innecesaria con resultado de muerte. Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó por cuasidelito de homicidio, mientras que la jueza aseguró que se trata «a lo más de una conducta negligente, pero justificada».

Por lo mismo rechazó las medidas cautelares de arresto domiciliario total solicitado por la fiscalía y de prisión preventiva como pidió el INDH, y solo decretó arraigo nacional y firma semanal. La magistrada consideró que dichas cautelares garantizan el desarrollo de la investigación, que tendrá un plazo de cierre de 90 días.

Según expuso la fiscalía, alrededor de las 22.30 horas del martes, el cabo Martínez Ocares conducía un camión institucional de transporte de equinos por la Avenida Departamental en dirección al oriente. Al llegar a la intersección con calle Exequiel Fernández, realizó un viraje intempestivo y atropelló al Jorge Mora Herrera.

La víctima estaba en la calzada, en momento que una gran cantidad de personas salía del Estadio Monumental, al finalizar el partido de fútbol entre los equipos de Colo Colo y Palestino. A consecuencias del atropello, Mora Herrera resultó con politraumatismo esquelético visceral, lesión que le provocó la muerte.

Al respecto, la jueza argumentó que “estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de un evento deportivo, donde jugaban dos equipos, y uno de ellos tiene una carga histórica, como es la Garra Blanca, donde sus hinchas tienen una actitud no muy acorde al estado de derecho”.

También afirmó que el cabo “no estaba cumpliendo funciones propiamente tales de proteger y salvaguardar el orden publico, era una función clara específica y limitada que era el traslado de caballares. No podemos hablar de violencia innecesaria».

Al respecto, dijo que «para eso se requiere una acción dolosa directa en el ejercicio de la función que estoy desempeñando para la salvaguarda del orden público, en donde de alguna manera, me aprovecho del cargo y despliego acciones dolosamente, queriendo provocar un daño de manera intencional aprovechando o haciendo un mal uso del cargo del que estoy debidamente investido. No es el caso bajo ningún respecto”.

En su opinión, se trata de «una persona que con un vehículo de considerable magnitud tiene que enfrentar una situación que no es normal (…) Aquí no estamos hablando que le estaban tirando flores o lanzando challas, le estaban lanzando objetos contundentes”.

Por lo mismo, calificó la acción del cabo Martínez, «a lo más como una conducta negligente, pero justificada bajo mi criterio», debido a que «estaba en peligro tanto su vida como la de su acompañante».

“Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación no tendría la misma acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible. Lo que varía es el uniforme. Por desgracia, ese uniforme trae reacciones sobre reacciones”, agregó la magistrada.

«Es un hecho lamentable que no tiene ninguna reparación, pero está pendiente el informe de la SIAT, cómo era el lugar físico, si hubo una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar y su estado etílico, porque pensemos que estaba saliendo de un partido de fútbol», concluyó la jueza.

Por su parte, la abogada Beatriz Contreras, jefa del INDH de la Región Metropolitana, señaló que «nos pareció un lenguaje inapropiado para la argumentación jurídica que debe tener como respaldo una resolución en una causa que involucra un hecho de tanta gravedad como la muerte de una persona».

  


  


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