
Dicho convenio fue suscrito antes de la crisis sanitaria por el covid-19 y, de acuerdo a la parlamentaria humanista, implica un atropello a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Este convenio implica una nueva vulneración a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado por circunstancias que están precedidas de mucho dolor y vulneraciones”, asegura Jiles en el documento.
La parlamentaria informó sobre el oficio a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
“Esta situación es preocupante y sumamente grave, ya que las funciones, atribuciones y objetivos de las instituciones involucradas son absolutamente diferentes y las leyes por las que han sido creados no contemplan tal posibilidad dentro de sus atribuciones”, indica el oficio firmado por Jiles.
Alejandra Olivares
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