Política

Si la educación es un bien de consumo ¿Deben los centros educacionales aplicar descuentos mientras dura la pandemia?

La suspensión de clases decretada el 15 de marzo implicó una serie de esfuerzos adicionales por parte de los estamentos involucrados. Es así como alumnos, padres y apoderados, profesores y sostenedores han tenido que cumplir un rol en esta crisis cuyas principales problemáticas son el acceso a internet, la capacitación de profesores en clases online y el pago de las mensualidades.

Fiel a la frase planteada por el presidente de la República Sebastián Piñera en el 2011, “la educación es un bien de consumo” es que apoderados de diferentes regiones del país han entrado en disputas con sostenedores de colegios pagados ¿Qué exigen? El congelamiento de los pagos o rebajas de las mensualidades, argumentando que el servicio comprometido no está siendo entregado como corresponde lo que claramente será un perjuicio para los estudiantes.

A mediados de mayo las denuncias presentadas ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Superintendencia de Educación desde que se suspendieron las clases presenciales por la emergencia sanitaria del covid-19 ascienden a 320.

La gran mayoría se refiere al tema económico (congelamiento o rebaja de los aranceles) y al incumplimiento de los planes educativos por parte de los colegios.

Según informó La Tercera, el Sernac cifra en 2.870 reclamos relacionados a educación desde que comenzó la pandemia. De ellos, los colegios concentran el 10,4% (300 aproximadamente).

Las denuncias provienen de apoderados de 133 establecimientos a lo largo de todo Chile, los que solicitan congelamientos o rebajas en los aranceles, considerando que los niños no están bajo el régimen de clases presenciales.

Los reclamos relacionados con educación reportados por el Sernac ocupan el 22%, la mayoría de estos corresponden a universidades con un 50,2%, institutos profesionales con 24,8% y colegios con 9,9%.

A la Superintendencia de Educación, en tanto, también han llegado reclamos. “A la fecha hemos recibido 19 denuncias relacionadas con cobros de mensualidades en establecimientos educacionales, referidos a que no estarían cumpliendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas”, dijo el superintendente Cristián O’Ryan. De estas denuncias, 12 provienen de establecimientos particulares subvencionados y siete de particulares pagados.

La organización de los apoderados incluso se ha traducido en demandas o recursos de protección con los establecimientos, pero es bueno preguntarse cuál es el rol del gobierno en este tema, si tiene alguna facultad o solución, pues si el mismo presidente asumió que la educación es un bien de consumo, no le habría de extrañar que apoderados estén exigiendo una solución para sus hijos que ya enfrentan el tercer mes sin clases y claramente la educación que están recibiendo no es la que deberían.

  


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