Justicia

Avanza proyecto de Ley que sanciona al abuso patrimonial contra adultos mayores y discapacitados

20/Mayo 2020  02:30

A segundo trámite al Senado fue despachado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad.

El texto, cuyo informe de la Comisión de Desarrollo Social fue rendido ante el hemiciclo por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), define el abuso patrimonial contra los adultos mayores, identificando las principales conductas a través de las cuales se comete dicho abuso y estableciendo la pena correspondiente.

La iniciativa agrega en el artículo 5 de la ley 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, que será constitutivo de este tipo de acto el abuso patrimonial, entendido como todo acto de apropiar, distraer, retener, limitar o restringir los derechos de carácter patrimonial de un adulto mayor o persona con discapacidad o dependencia, a fin de hacer uso indebido de ellos o con la intención de defraudar, o ambos, que sea constitutivo de una falta a los deberes de cuidado.

Asimismo, el proyecto, respaldado por unanimidad, incorpora enmiendas en el Código Penal relativas a los casos en que se defraude haciendo suscribir con engaño algún documento.

En ese plano, agrega que cuando se refiera a la suscripción de mandatos para el cobro de pensiones u otro ingreso periódico o de cualquier otro título cuya celebración menoscabe el patrimonio de la víctima y esta fuese una persona mayor de 60 años o con discapacidad, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde tres años y un día a cinco años.

El máximo de la pena señalada se aplicará también si la conducta fuese realizada por descendientes o colaterales hasta el tercer grado inclusive de la víctima o de quien la tenga bajo su cuidado.

Por otra parte, el proyecto incorpora en el Código Penal una enmienda para establecer la obligación de denunciar para los representantes legales, gerentes y quienes tengan facultad de representar a instituciones bancarias, financieras, administradoras de fondos de pensión, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, compañías de seguros y otras de similar naturaleza, de los delitos que ocurran en sus dependencias o que afecten a sus clientes con ocasión de operaciones propias de su giro o en el interior de las dependencias de las instituciones, cuando la víctima del delito sea una persona mayor de 60 años o una persona con discapacidad.

  


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