Columna de Opinión

A dos años del mayo feminista: En qué están y qué pasó con las denuncias por acoso sexual en la educación superior chilena.

Estudiantes chilenas con capuchas y pechos al aire, fue la imagen de las marchas que se tomaron los diarios del mundo en el otoño de 2018.  Motivadas por múltiples denuncias de acoso y abuso sexual, exigían en las calles igualdad de trato,  respeto de parte de sus profesores y que sus casas de estudios redactaran protocolos que hasta entonces no tipificaban el acoso de académicos a estudiantes. Aquí, qué ha pasado desde entonces.  

Por Ivette Rapaport

El segundo semestre de 2016, Camila González, estudiante de Comunicación Digital del Instituto Arcos, realizó una denuncia por acoso en contra de su profesor de fotografía Alejandro Hermosilla. La primera respuesta que recibió fue por parte del coordinador académico de la carrera, quién insistió en preguntarle varias veces «si estaba segura, si no había mal interpretado la actitud del docente».  Las gestiones de González no se detuvieron  y el instituto se comprometió, como acto reparatorio,  a desarrollar un protocolo para las denuncias de acoso que iba a estar listo para el año siguiente.

Mientras Camila González lanzaba su denuncia, en la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Santiago se realizaba la primera marcha  contra el profesor  Luis Ortega, por acoso sexual sistemático. Durante las movilizaciones los y las estudiantes entregaron pruebas y testimonios. Sin embargo este año se llegó a un sumario administrativo ineficiente que le dio el favor al acosador, según denuncian desde la Asamblea.

Seis meses después, el 15 de agosto de 2017, después de muchas jornadas de trabajo como ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, la estudiante Sofía Brito se quedó dormida en el sillón de la oficina de la facultad. Al despertar se dio cuenta que Carlos Carmona, académico del ramo y entonces miembro del Tribunal Constitucional,  estaba encima de ella. “Él me trajo un chaleco para que lo ocupara de almohada y me tapó con su chaqueta (…) Me desperté porque me estaba haciendo cariño en el pelo, se sentó al lado mío en el sofá y se acostó sobre mí haciéndome cariño en la cara. No me dejaba salir”, dice el texto del sumario contra Carmona,  quien terminó con una suspensión de tres meses por “faltas a la probidad administrativa”.

En diciembre de ese año, en la misma universidad se inició un sumario por acoso sexual y abuso de poder en contra de Sergio Flores, académico del departamento de Antropología. Un sumario que contó con nueve denuncias de ex estudiantes y estudiantes de antropología física y arqueología por acoso sexual.

En julio de 2018 la Universidad de Santiago de Chile expulsó a Pablo Vera, doctor en psicología y ex director de Investigación Científica y Tecnológica, tras ser declarado culpable de abuso sexual, acoso sexual, abuso de poder y violencia de género.  Esto, luego de que cuatro psicólogas tituladas de la Universidad interpusieran una querella ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del académico, por abusos sexuales reiterados ocurridos entre 2011 y 2017.

En esa casa de estudios en diciembre de 2018, el profesor Francisco Castañeda de la Facultad de Administración y Economía, oficiando de Decano Subrogante ante la estancia fuera del país del titular, encabezó la cena de final de año de la facultad. En dicha ocasión, al final de la velada, la autoridad hostigó durante el baile a algunas funcionarias de la institución, lo que es considerado divertido por él, quien sabe que está siendo grabado. En 2019, un grupo de feministas difundió estas imágenes en redes sociales, denunciando que el “el Sr. Castañeda es el típico académico con poder que considera que toquetear puede quedar impune si lo camufla ante la simpatía del juego. La urgencia de terminar con el patriarcado queda evidente”.

El Mayo Feminista

El 17 de abril de 2018 se inició la primera toma feminista por las estudiantes de la Universidad Austral motivadas por las denuncias de violencia sexual.  Diez días después se sumó la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile motivada por el “Caso Carmona”.

Durante la primera semana de mayo se contabilizaron doce universidades y seis liceos en toma feminista. Cada día aparecieron nuevos casos que denunciaban abusos  y otras escuelas se sumaban a las movilizaciones. Una semana más tarde, ya eran 15 las instituciones de educación superior que  tenían a sus estudiantes en las calles.

El 16 de mayo, en la marcha convocada por la Confech, los organizadores estimaron que ciento cincuenta mil personas se manifestaron en contra de la violencia machista, el sexismo en la educación y la violencia de género. Fue en esa manifestación que un grupo de feministas, estudiantes de la Universidad Católica, marcharon por la Alameda con el rostro cubierto y el torso desnudo, convirtiéndose en la imagen gráfica de ese Mayo Feminista.

Comenzaba así la reacción institucional más firme contra los casos de abuso y acoso sexual pero también un cambio estructural hacia una educación no sexista. Con el pasar de los días las movilizaciones aumentaban y las denuncias se hacían públicas, mientras se organizaban las asambleas autoconvocadas de mujeres y las instituciones en toma feminista.

Según la encuesta Cadem de julio del 2018 el 58 % de los chilenos aprobaba “las marchas de las mujeres por la vía pública”, un 55 % aprobaba “la movilización feminista” y el 37 % aprobaba las tomas de universidades.

Protocolos en cuarentena

Durante el verano de 2017, Camila González formó parte de una mesa de trabajo junto a un grupo de estudiantes del Instituto Arcos para preparar un protocolo que nunca se dio a conocer ya que el la casa de estudios decidió preparar «algo más institucional». Ese año  González egresó,  sin embargo el profesor continuó vinculado a la institución. «Durante todo ese año yo me lo seguía topando en los pasillos. Fue muy incómodo.  Lo pasé bien mal en la institución a raíz de eso, pero sí debo rescatar el crecimiento que tuve, el cambio de mentalidad y el empoderamiento. Todo el movimiento feminista que comenzó a rugir desde ese año”.

Desde el 1 de abril del 2019 está vigente el Reglamento definitivo sobre «Violencia de Género y Discriminación Arbitraria» en este instituto que considera medidas de acompañamiento, un compromiso respecto a la prevención del acoso sexual, la violencia de género y cualquier tipo de discriminación arbitraria entre los miembros de la comunidad educativa en general.

En 2018, después de ocho meses de la denuncia realizada por Brito, la Facultad de derecho de la U de Chile sancionó con tres meses de suspensión, no por acoso sexual, sino que por “falta a la probidad” al entonces hombre clave del TC.  Por aquéllos días el Decano Davor Harasic explicó a la prensa lo que muchos no sabían: el Estatuto Administrativo que rige a los académicos de las universidades públicas, solo reconoce el acoso sexual entre funcionarios, pero no entre profesores y estudiantes, por lo que se tuvo que “acomodar la situación”. Situación similar ocurrió con el académico de la FACSO Sergio Flores, quien fue oficialmente destituido por la Contraloría General de la República en mayo de 2019, pero por el mencionado estatuto no pudo ser por acoso sexual.

Es decir, hasta 2018, en todas las universidades públicas se regían por un estatuto en que el acoso entre académicos/académicas y estudiantes no estaba configurado.

Hoy, la universidad de Chile cuenta con un protocolo que contempla la derivación a instancias de atención psicológica y/o judicial; la prevención; la instalación de un equipo especializado para la atención y acompañamiento de las víctimas; la capacitación a funcionarios y académicos en temas de violencia de género. Sin embargo, “todavía hay académicos que se niegan a recibir o participar en estas instancias de capacitación amparándose en la libertad de cátedra o el grado académico”, señala Emilia Schneider, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

En la Universidad de Santiago, las múltiples denuncias, llevaron  a que la institución fuera la primera en modificar la norma interna. El Protocolo de Política Institucional de prevención, sanción y reparación frente al acoso sexual, de género y otras conductas discriminatorias (2017) busca establecer comportamientos esperados, regular la convivencia universitaria y desnaturalizar los actos que afecten la libertad y derechos de las personas de la comunidad.

Karin Baeza, directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la USACH, señala que como universidad siguen trabajando para mejorar los procesos que permitan abordar el acoso, la prevención y la reparación.  Entre las próximas acciones que va a realizar la Dirección de Género, Diversidad y Equidad se encuentra el lanzamiento de un instructivo con los 10 pasos de la denuncia con fin de orientar en el proceso.

Sin embargo, las imágenes que circulan en la red de  Francisco Castañeda – actualmente desvinculado de la USACH por motivos distintos a los expuestos en el articulo (con recurso de protección pendiente)  y académico titular de la Universidad San Sebastián- demuestra que no basta con un protocolo que tipifique una falta o una sanción. Mónica Mauriera, encargada de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, enfatiza sobre la importancia de educar respecto al tema del acoso, “si uno revisa de las experiencias de instalación de políticas de género al interior de las universidades, no necesariamente en Chile, el factor clave es el tema de prevención y comunicación, si estos son débiles ni un súper protocolo lo resuelve.  El protocolo tiene que ser un instrumento impecable, impecable en el sentido que uno lo pueda perfeccionar, que sea entendible y que esté apropiado por la comunidad universitaria, pero en el fondo el objetivo sería no tener que ocuparlo”.

  


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