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Elección del juez Raúl Mera para Corte Suprema: In dubiis, abstine (ante  la duda, abstente)

5 agosto 2020   13:37

El nuevo Chile que viene requiere de un Poder Judicial independiente, sólido, ético y más justo. En ese país esperamos que sus miembros sean intachables, probos y que se elijan de otra forma, y no como se ha venido haciendo hasta ahora, en donde hay una interferencia de otros poderes (poder ejecutivo y legislativo) que socavan su integridad y opacan su labor.

Hoy se debe escoger el candidato del gobierno de Piñera para ocupar una vacante en la Corte Suprema. No podemos pedirle a los funcionarios de esta derecha y al piñerismo que sean prolijos, ecuánimes, velen por los intereses del país y actúen con sentido común. En cambio, sí lo podemos hacer con el Senado, y con la oposición en particular, que en el último tiempo ha demostrado más sensatez y capacidad de conexión real con la ciudadanía.

Hemos conversado con una fuente que nos ha pedido secreto profesional para resguardar su identidad. Esta fuente nos dice que el año 2000 el juez Raúl Mera fue cómplice de un hecho que abiertamente podría constituir un hecho de corrupción.

Sucedió en un juicio arbitral por el Fundo El Molino en la Corte de Rancagua (la causa viene de Pichilemu y el rol de origen es 20-2000). El juez debía decidir si la sociedad era comercial, o no, y eso determinaba quién se quedaba con las 1800 hectáreas en disputa. Nuestra fuente agrega que se debía dirimir “si la sociedad era civil o comercial, pero si la sociedad era civil yo perdía, si era comercial yo ganaba. Las sociedades se catalogan en civiles o comerciales dependiendo cuál es el objeto y a qué se dedica la sociedad. La sociedad en cuestión se podía dedicar a la compra y venta de ganado. Es de cultura general que los actos más antiguos que conoce la humanidad son la compra y venta de la sal, y la compra y venta del ganado, porque la ganadería fue el acto comercial del hombre junto con la necesidad de la preservación del alimento. Entonces, Raúl Mera en su fallo sostiene que la sociedad es civil 100% porque se dedica a lo agrícola y todo lo agrícola es civil, con lo cual, se olvida que la sociedad se podía dedicar a la compra y venta de ganado. Por lo tanto, ese es un acto de ignorancia jurídica suprema, claro tú podrías decir un tipo no sabía derecho civil, un juez no sabía cierta área, pero es tan de a,b,c, que ese error no lo podía cometer, no es casual, y además dicta un fallo escalonado, en que va dando argumento uno, argumento dos, y va cerrando espacios”.

Al respecto, la fuente asevera que en el único juicio donde le ofrecieron dinero (lo trataron de coimear) fue en éste y en donde el juez Mera fue parte. Otro dato no circunstancial, lo constituye el hecho de que el abogado integrante de la causa, en la cual hubo intento de soborno para nuestra fuente, hoy se encuentra recolectando firmas en Rancagua para apoyar el nombramiento de Mera, y presionar a senadores de la zona.

Este juicio se enmarca dentro de una pugna histórica que sólo refleja las desigualdades e injusticias sufridas por el campesinado después de la reforma agraria. Las 1800 hectáreas en disputa son parte de terrenos entregados a campesinos pobres quienes se adjudicaron el Fundo El Molino gracias a la reforma.

Lo que sucedió en la Corte de Rancagua en el 2000 (y no sabemos si estas prácticas y conductas siguen activas en otros juzgados) es un reflejo del Chile que no queremos. Abuso de poder, codicia, corrupción, nepotismo.

Campesinos pobres beneficiados por la reforma agraria son despojados con corrupción de sus derechos. Operadores políticos mueven sus influencias para manipular la justicia. Abogados codiciosos que están dispuestos a todo para enriquecerse. Funcionarios del poder judicial que hacen la vista gorda. Los ricos haciendo lobby para sus intereses.Y un juez que tiene conductas sospechosas.

El 18 de octubre los chilenos y chilenas clamaron que la dignidad se haga costumbre. La dignidad de las 14 familias de campesinos del Fundo El Molino fue pisoteada por quienes deben velar por sus derechos, el poder judicial y el político.

Los senadores pueden revisar los hechos ocurridos en el 2000 en torno a este caso y decidir en conciencia. Ante las dudas de probidad, mejor abstenerse.

  


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