Justicia

Magistrados abogan porque se garantice su independencia ¿para liberar más delincuentes?

25 Agosto 2020  07:15

La comisión que analiza la acusación constitucional por notable abandono de deberes en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, en el contexto del caso de Ámbar Cornejo, comenzó a funcionar hoy en la Cámara de Diputados, y recibió los descargos de la presidenta de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, María Soledad Piñeiro, quien advirtió que estaba en juego la independencia de los jueces.

Cabe señalar que Donoso presidía la Comisión de Libertades Condicionales que en 2016 otorgó la libertad a Hugo Bustamante Pérez, único imputado en el femicidio de la menor Ámbar Cornejo. Entonces Bustamante había cumplido recién 11 de los 27 años de condena por un doble homicidio que cometió en 2005 contra su pareja de entonces y el hijo de ella, de nueve años.

Piñeiro llamó a rechazar la acusación constitucional y cuestionó la causal de “notable abandono de deberes”, junto con proponer una serie de cambios tanto al sistema de control de cumplimiento de condenas como de responsabilidad de jueces.

“Este proceso nos alerta sobre la necesidad de múltiples revisiones y reformas que debieran ser asumidas a la brevedad”, resumió Piñeiro en sus redes sociales, tras exponer vía telemática ante los diputados integrantes de la comisión.

“El sistema de control de cumplimiento de condenas debe ser uno solo, a cargo de una judicatura especializada”, fue una de sus propuestas.

Además, advirtió que “la acusación constitucional respecto de los jueces y juezas debe ser modificada desde una perspectiva de garantizar la independencia judicial”.

Por otra parte, Piñeiro señaló que “el sistema de responsabilidad de juezas y jueces contemplado en el Código Orgánico de Tribunales también debe ser reformado».

Sobre lo último, recalcó que “la independencia del juez o jueza al resolver no es una prerrogativa personal, sino un derecho, una garantía de las personas, y por ello se necesita establecer un sistema racional y moderno de exigencia de responsabilidad a los jueces basado en principios orgánicos y funcionales de debido proceso y en principio de tipicidad (descripción acabada de conductas y no normas indeterminadas como el notable abandono de deberes y las contempladas en el Código Orgánico de Tribunales), legalidad del proceso e imparcialidad (órgano independiente)”.

Piñeiro aseguró que «no pretendemos un área de inmunidad o descontrol en la labor jurisdiccional. Por el contrario, como magistrados, por décadas hemos denunciado el deficiente sistema de responsabilidad existente, carente de estándares básicos de legalidad, proporcionalidad e imparcialidad, por ausencia de tipificaciones de conductas o por estar ellas alejadas de las materias propiamente funcionarias, por no existir un debido proceso y por carecer de órganos imparciales de investigación y resolución».

LONGTON: “HUBO CLARAS NEGLIGENCIAS”

Durante la jornada, la primera exposición correspondió al diputado Andrés Longton (RN), quien fue uno de los promotores del libelo. Junto al abogado Leonardo Contreras, explicó las razones que fundamentan el uso de esta herramienta constitucional.

A juicio del parlamentario, la decisión tomada por la magistrada Silvana Donoso en 2016 tuvo “claras negligencias”, pues se habrían omitido, deliberadamente, los informes entregados por Gendarmería, donde se señalaba que Hugo Bustamante no contaba con las herramientas necesarias para su reinserción en sociedad, además de un consumo de drogas no problematizado y un nivel de psicopatía alto.

“Tenemos elementos de sobra para poder convencer a los diputados y diputadas, y en ese sentido lo que nosotros queremos determinar es que acá la jueza se apartó del sentido de la ley, dejó de aplicarla.
Podemos cambiar muchas veces la ley, pero si tenemos una jueza que la aplica en base a sus convicciones personales, no hay norma que resista”, expuso Longton.

En su exposición, el diputado criticó, además, que, durante la presidencia de la magistrada, se entregó un 900% más de libertades condicionales que en años anteriores, superando los 1.120 casos, mientras que, previamente, la cifra rondaba los 200.

“Al obviar 528 informes, lo que lo hace reiterado, en los cuales el contenido de algunos de ellos es francamente brutal desde el punto de vista de que hablaban de que los postulantes representaban un riesgo evidente para la sociedad por altos rasgos de psicopatía. Incluso, en el caso de Hugo Bustamante, estamos hablando de un paciente psiquiátrico, su informe hablaba de una alta posibilidad de reincidencia”, añadió.

“La jueza -continuó el diputado RN- omitió estos informes deliberadamente teniendo que haberlos considerado habiendo hecho un razonamiento, porque la ley habla de rehabilitación, de reinserción. Entonces si tú no aplicas la ley, no hay cambio que valga”.

“Pongo el ejemplo respecto de cualquier asesino que ustedes se puedan imaginar en el mundo, los más conocidos incluso, asesinos seriales de la brutalidad de Hugo Bustamante, bastaría que cumplieran la mitad de la pena o dos tercios, hayan participado de un taller u oficio y haya tenido buena conducta el semestre anterior, y la jueza Silvana Donoso los hubiese liberado, así de simple. Esto ocurrió no solo en 2016, sino que lo sigue haciendo, incluso con los cambios legales que hubo a la norma”, aseveró el diputado.

Por su parte, el abogado entregó antecedentes de la jurisprudencia en estos temas. Explicó, asimismo, que las decisiones de las Comisiones de Libertad Condicional deben ser consideradas como decisiones administrativas y no judiciales, por lo que no tiene nada que ver con la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Agregó que, a su juicio, se da por configurada la acusación de notable abandono de deberes, pues su gravedad está en el hecho mismo y salta a la vista hoy, con las “consecuencias nefastas” tras el femicidio de Ámbar Cornejo.

ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS

En la sesión también expusieron los abogados constitucionalistas Alan Bronfman y Francisco Zúñiga. El primero, señaló que el notable abandono de deberes no se puede medir por la responsabilidad por resultados. Aseguró que el resultado puede no gustar, pero planteó que es un rol propio del Poder Judicial.

El abogado Francisco Zúñiga, por su parte, señaló que la acusación es un procedimiento de persecución de responsabilidades constitucionales. Sostuvo que la existencia de la acusación es muy propia del orden republicano democrático, esencial de su funcionamiento y, por tanto, no es una anomalía.

  


Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

To Top