Columna de Opinión

Camioneros y Víctor Pérez: El aprendiz de mago

01 Septiembre 2020   09:11

Francisco Albornoz, representante de la Asamblea por el Pacto Social

El gobierno de Sebastián Piñera juega con fuego. Específicamente, con el fuego de una violencia institucional que no duda en utilizar contra el pueblo de Chile. En plena revuelta social post-18 de octubre, los informes de observadores de la ONU, la Comisión Interamericana de DDHH, Amnistía Internacional y HWR -entre otros- coincidieron en que Carabineros, lejos de querer controlar el orden con apego a la ley, utilizaba la fuerza como un método sistemático de castigo ante la protesta social. El resultado de ese castigo fue la pérdida de vidas, mutilaciones oculares, tortura político sexual y otras aberraciones que, hasta hoy, exigen justicia.

Un ministro del interior, Chadwick, fue destituido en un juicio político por su responsabilidad en esa violencia desatada. Su sucesor, Blumel, terminó alejado del cargo sin haber aclarado casos tan graves como los de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, a pesar de sus declaraciones y compromisos en ese sentido.

El actual ministro Víctor Pérez parece reafirmar esa voluntad de usar la fuerza para intentar “educar” tanto a la ciudadanía como a sus adversarios políticos. Primero lo hizo en una infame visita a la región de la Araucanía, que se tradujo en los más graves ataques racistas contra el pueblo Mapuche que hayamos visto en la historia reciente de Chile. Y ahora, el ministro Pérez vuelve a lanzar los dados de la violencia, apostando a una jugada que, por fuerza de la intervención de los dueños de camiones, pretende forzar al Congreso a legislar una agenda que -el gobierno sabe- no cuenta con apoyo político.

Pero el ministro Pérez, como el aprendiz de mago de los cuentos tradicionales, no dimensiona el poder real de la violencia que ha conjurado, y de la que pronto perderá todo control. A pocos días de iniciado el movimiento de camioneros, hay regiones que ya sufren escasez y desabastecimiento. Los puertos se tensionan ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos de importaciones y exportaciones que mueven nuestra debilitada economía en crisis. Y, más grave aún, el propio ministro de salud -de este mismo gobierno- reporta que los cortes de camino han dificultado la circulación de ambulancias, pacientes y profesionales de la salud en medio de la histórica pandemia que nos afecta.

El ministro del interior juega con fuerzas que no logrará controlar. Pero el pueblo de Chile no parece disponible para esperar en silencio ante estas injusticias. Numerosas organizaciones sociales se han unido para exigir que la institucionalidad corrija el rumbo, y el primer paso en ese sentido es la derogación de la ley 21.208, conocida como ley “anti barricadas”, ya que ha demostrado -con la fuerza de los hechos- haber sido creada para atacar y acallar a la población, pero que nunca se utilizaría en contra de los empresarios cómplices de la violencia institucional.

En medio del momento constituyente que vivimos, exigimos que la clase política escuche este llamado y despache de forma urgente esa derogación. De este modo, aportarán a construir nuevos puentes de comunicación para el proceso que se inicia tras el plebiscito del próximo 25 de octubre. Necesitamos una sociedad atenta, activa y organizada, y necesitamos parlamentarios y partidos políticos a la altura de ese desafío. Sólo así podremos asegurarnos de que la historia será, por fin, nuestra, y que la justicia nunca más dará la espalda a quienes tanto han sufrido la violencia del estado.

  


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