
15 de octubre de 2021, 3:25 pm.
Los 17 convencionales electos por escaños reservados exhibieron su “profundo rechazo” a la decisión del Gobierno de decretar Estado de Emergencia en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío), Malleco y Cautín (La Araucanía).
Con el régimen constitucional, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia, patrullaje y transporte a todos los procedimientos que se desarrollen en los sectores mencionados, aunque no pueden realizar operativos policiales independientes según indicó Contraloría.
En ese contexto, los constituyentes de los Pueblos Originarios (PP.OO:) aseguraron que han “impulsado acciones y llamados a terminar con la represión a la protesta social, la desmilitarización del Wallmapu y el restablecimiento de condiciones de paz que privilegien la necesidad de lograr el necesario diálogo político. Día a día trabajamos por una solución integral, intercultural y a largo plazo, para abordar responsablemente la deuda histórica con los pueblos”.
“No obstante, el Gobierno ha decidido imponer una vez más un estado de emergencia constitucional que no hará más que profundizar la herida histórica, el espiral de violencia y la militarización. Denunciamos que esta medida no contribuirá en solucionar el conflicto instalado por el Estado Chileno; la historia lejana y reciente nos da la triste certeza de lo que acontecerá”, remarcaron.
Además, los convencionales advirtieron que “el despliegue de las Fuerzas Armadas hoy parece una maniobra distractora de la acusación constitucional que ha sido presentada en contra del Presidente Sebastián Piñera, por los antecedentes sobre negociaciones incompatibles en el caso Dominga, dado a conocer por la filtración de los ‘Pandora Papers’, donde éste será investigado por delitos tributarios y de cohecho ante tribunales de justicia”.
Asimismo, recuerdan la proximidad del segundo aniversario del estallido social y advierten que “tras la lamentable muerte de una observadora de derechos humanos cuando se encontraba en sus labores apoyando una movilización mapuche, nos parece que esta declaración de estado de emergencia es una provocación a los pueblos. Se trata de un error político que sólo agudizará el conflicto que el Estado Chileno ha instalado en nuestros territorios y no solucionará la deuda histórica, los problemas de seguridad ni los problemas de fondo”.
Finalmente, los firmantes señalan que “el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de la población y de investigar eficientemente eventuales delitos, pero en un marco de respeto de los derechos humanos y por medios proporcionales al daño que se busca evitar”.
“En este sentido, es urgente que el estado chileno inicie un camino de respeto y reparación de los derechos políticos y territoriales del de todas las naciones originarias, como una necesidad ineludible para el proceso constituyente de un Chile por fin democrático. No toleraremos que se vuelva a poner en riesgo la vida de nuestras hermanas y hermanos en manos de las fuerzas del Estado”, concluye la misiva firmada por la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, entre otros.
