20 de junio de 2022, 6:32 am.
Un informe de Contraloría detectó obras construidas con permisos irregulares entregados por la Dirección de Obras Públicas (DOM) de la Municipalidad de Pudahuel.
Se trataría de variadas edificaciones, que van desde cientos de viviendas, depósitos de vehículos, industrias, bodegas e incluso un colegio. Así lo determina el informe firmado por el contralor Jorge Bermúdez. El organismo auditó a la municipalidad de Pudahuel y encontró anomalías reproducidas de forma estructural durante tres décadas.
El Departamento de Auditorías Especiales de Contraloría emitió un documento en el que da cuenta de la aprobación del DOM para construir más de lo permitido por el Plan Intercomunal de Santiago, así como terrenos que no permitían las actividades aprobadas.
Por ejemplo se permitieron construcciones en zonas rurales que no contaban con el informe favorable de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, el cual sí era aplicado a zonas urbanas.
Fue durante la administración del Socialista Johnny Carrasco, entre 1992 y 2001, en que se originaron las irregularidades.
El entonces director del DOM, el arquitecto Ricardo Gallardo Gower, continúa en funciones en la administración actual del alcalde Ítalo Bravo (PI). En el informe se acusa de Gower de entregar permisos a su cuñado Juan Miranda Valdivia, a través de Inversiones Baiona Limitada, tres de las cuales violarían regulaciones.
El alcalde Bravo emitió un comunicado difundido el 16 de junio en el declara que el municipió “cumplirá con todo lo que el informe obliga y que se refiere al inicio de un proceso de invalidación de los permisos de bodega que se encuentran en una zona de interés silvoagropecuario de la comuna, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago”.
En esa línea, han indicado, “se estudiará la factibilidad de interponer una acción de nulidad de derecho público respecto de los permisos otorgados con fechas anteriores y todo lo que conllevan los permisos de edificación que se identifican como irregulares o contrarios a norma”.
“Este alcalde, junto con su equipo de trabajo, ya había detectado posibles infracciones a la normativa urbanística, y en conocimiento además de la investigación que se mantenía en curso, ya se habían tomado medidas para ajustar criterios, como por ejemplo la labor más activa de la Dirección Jurídica en la revisión del respeto a normas urbanísticas en la comuna”, agregó el edil Bravo.
Fue la concejala Gisela Vila, de la Unión Demócrata Independiente, la primera en denunciar estas construcciones.
“La primera dificultad que vimos en el sector de Ciudad de los Valles fue el fraccionamiento que habían ejecutado las empresas inmobiliarias, algo que no lo permitía la ley, y nos llamó mucho la atención que en este emplazamiento habitacional no se hubiese requerido un estudio de impacto medioambiental ni de tránsito”, indicó Vila a CNN.
Vila muchas veces hizo “requerimiento de información a través de la administración anterior, del alcalde Carrasco, y nunca nos dieron respuesta, básicamente se burlaron de mí“.
También cuenta que “hay informes en los cuales desestiman todas mis intervenciones con respecto al tema. Eso comunicó en un principio que yo prácticamente estaba loca y que todo estaba en regla, pero no fue así”.
Además, denuncia haber recibido ofrecimiento sobornos “me reí y pensé que era una broma, luego vinieron amenazas, lo que me hizo cambiar mi rutina y sentí susto por mi hijo que hoy tiene 15 años”.
Además, explicó, “esto lo denuncié en Concejo Municipal y no hice la denuncia al Ministerio Público porque los hechos fueron por parte de distintas personas a través de mensajes, pero no tenía pruebas de videos ni audios”.
