07 de julio de 2022, 9:39 am.
Parlamentarios del Partido Comunista (PC) solicitaron al Gobierno que se levante la clausula de secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura más conocida como Comisión ValechCreada durante el Gobierno de Ricardo Lagos en 2003, la instancia que toma el nombre de su líder, monseñor Sergio Valech, recopiló en dos informes la identidad de las personas que sufrieron torturas y prisión política durante la Dictadura de Augusto Pinochet.
La Ley de Reparación establece que el contenido de los documentos se mantendrá bajo secreto por 50 años, es decir, hasta 2053. Sin embargo, El Mercurio informó que la senadora Claudia Pascual (PC) le planteó el pasado lunes a la ministra del Interior, Izkia Siches, levantar la reserva.
La diputada Lorena Pizarro (PC), histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó al citado medio que “la deuda que existe por parte del Estado de Chile a partir del año 1990 para que la impunidad no fuese una realidad, sino por el contrario, las garantías de no repetición fuesen una parte sólida de nuestra convivencia nacional, tuvo como uno de sus grandes hitos la instalación de este secreto”.
Su par Mercedes Bulnes, independiente bajo cupo Convergencia Social, también se mostró a favor de la medida y aseguró que “es indispensable para la reconciliación nacional aclarar los hechos y los responsables, las heridas no se sanan sino limpiándolas”.
“Las heridas sociales se limpian con la verdad, pero seguimos con las heridas infectadas, esperando verdad y justicia. Los horrores no se pueden ocultar bajo la alfombra”, agregó la abogada especialista en Derechos Humanos.
La propuesta también fue destacada por otro abogado especialista en DD.HH., Cristián Cruz, quien señaló a Radio Bío-Bío Bío que “hay que sumar que las Fuerzas Armadas, y en lo concreto el Ejército, entreguen los antecedentes que tienen. El Ejército tiene un sinúmero de archivos de los tribunales militares en tiempos de guerra, donde aparecen los nombres de víctimas y victimarios”.
Con más recato vio la propuesta el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista. “Cuando las personas declararon, lo hicieron sabiendo que era secreto, por tanto, se tiene que preguntar a cada uno de los que declararon si autorizan levantar el secreto, porque puede suceder que más de alguno haya declarado cosas que a lo mejor su círculo más cercano ignora. Hay que respetar esa privacidad, solo autorizando que se pueda levantar ese secreto”, consignó.
