24 de octubre de 2022, 1:12 pm.
Un reportaje de T13 reveló que cinco exconvencionales, de profesión abogado, no dejaron de lado sus labores profesionales y continuaron patrocinando demandas en tribunales durante el periodo en que funcionó el organismo que redactó la propuesta de nueva Constitución, situación que estaba totalmente prohibido por el reglamento.
Según la publicación, los exconstituyentes que incumplieron la norma son Nicolás Núñez (FRVS), Manuela Royo (independiente), Fuad Chahín (DC), Rodrigo Logan (independiente) y Francisca Arauna (independiente).
El capítulo XV de la Constitución estableció que los convencionales se regirían bajo el estatuto de los parlamentarios y el artículo 60 de la Carta Magna señala que “cesará en su cargo el diputado o senador que ACTÚE como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio”. Y según el artículo 39 del Reglamento de Ética y Convivencia de la Convención, “se determina como infracción tener un trabajo remunerado adicional al de convencional constituyente, con excepción de labores docentes hasta por ocho horas semanales”.
En relación con el exconstituyente Núñez, el patrocinó una causa el 24 de agosto de 2021 al cual no renunció, realizando acciones como entrega de pruebas, solicitación de notificaciones y petición de citación a audiencia de conciliación.
Manuela Royo, quien presenta una situación similar, explicó que “al inicio del proceso constituyente, quienes éramos abogadas y abogados litigantes, tuvimos una discusión al respecto de hasta dónde era el alcance, entonces, de hecho, yo tenía una causa, a la que no comparecí, precisamente señalando que estaba prohibido para los convencionales”.
En definitiva, estos exconvencionales pensaron que simplemente no debían “comparecer” ante tribunales y no abandonar de plano las causas de sus clientes.
Francisca Arauna patrocinó una causa a la cual no renunció, pero que estaba congelada hasta enero de este año, donde volvió a activarse. “Dicen que me notificaron en enero de 2022, pero no me llegó nada, voy a tener que revisarlo”, señaló.
“Yo tengo muy claro que la prohibición era tener causas a tu nombre, ser representantes en el mandato. (…) esta fue una negligencia, haber pensado que esta causa estaba terminada”, afirmó.
Chahin patrocinó una causa en contra de una empresa frutera de San Fernando, pero solo en octubre de 2021, cuando ya estaba en la Convención, delegó poder a su socia, para llevar adelante los trámites judiciales. El representante de la DC sostuvo que cada uno interpretó de una manera distinta el reglamento. “Yo delegué poder, pero no tengo ninguna actuación judicial. Lo que dice la Constitución es que uno no puede actuar en juicio. Las actuaciones judiciales no es estar detrás de alguna estrategia o no, es firmar algún escrito, comparecer ante alguna audiencia, alegar”, expresó.
Rodrigo Logan también no dejó de lado su profesión. “Yo no voy a dejar nunca de ser abogado, yo me voy a morir siendo abogado. Yo soy abogado las 24 horas del día. Mi cabeza funciona como abogado (…) Yo miraba las causas desde el punto de vista de la estrategia, toda la estrategia de las causas aquí s mías, todas, todas, de las 1200 causas que hay acá, todas son mías”, aseveró.
“En la lógica mía, que era la más simple, cuando me metí a postular como convencional, yo leí la ley y dije ‘no hay exclusividad’”, agregó.
Alberto Precht, exdirector ejecutivo de Chile Transparente por ocho años, se refirió al tema y dijo que lo de “Rojas Vade no estaba normado, esto sí estaba normado. Los convencionales que patrocinaron, que actuaron como abogados, no debieran haber sido convencionales. Punto”.
Mientras que Máximo Pavez, exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), recalcó que “si algún convencional incumplió la normativa respecto a la prohibición de desarrollar otras actividades, de eso no había control alguno, porque la Contraloría no quiso controlar y porque la Convención se erigió a sí misma como un órgano completamente autónomo, cosa que, a nuestro parecer, no corresponde”.
Estos exconstituyentes ya no pueden ser tener la sanción máxima que establece la ley, que era la cesación del cargo.
