Internacional

INDH muestra su preocupación por el estado de salud de Machi Linconao

A raíz del caso de la machi Francisca Linconao, quien inició una huelga de hambre el 23 de diciembre tras pasar 9 meses en prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato que le costó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió una declaración pública en que mostró su preocupación por estado de salud de la autoridad espiritual del pueblo mapuche y la aplicación de la prisión preventiva.

Al respecto, la entidad manifestó “su preocupación por la situación que afecta a la Machi Francisca Linconao y recuerda que el uso de la prisión preventiva debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile”.

En dicho contexto, la entidad indicó que “es de público conocimiento que la Machi Francisca Linconao lleva nueve meses en prisión preventiva y que no ha podido obtener su libertad debido a que los jueces de la I. Corte de Apelaciones de Temuco no han logrado la unanimidad de votos requerida por la Constitución para otorgársela”.

Asimismo, la entidad señaló en el documento que “la privación de libertad que afecta a la Machi se ve agravada por su delicado estado de salud, motivo por el cual ha debido permanecer internada en diversos recintos hospitalarios de la región de la Araucanía, lo cual además interfiere con el rol espiritual que ostenta en su comunidad”.

Por otra parte, a raíz de la violencia que se vive en la zona del conflicto mapuche, el INDH efectuó un llamado a las autoridades a “avanzar en el reconocimiento jurídico y en la adopción de políticas públicas tendientes a hacer efectivos los derechos de los integrantes del pueblo mapuche y de todos los habitantes de las regiones involucradas”.

Ayer, el diputado Gabriel Boric emitió una carta pública en que defendió a la machi, cuestionando la ley antiterrorista asegurando que “en la Araucanía “opera una versión muy distinta del derecho. Una que aplica para los mapuche y sus dirigentes, donde la Fiscalía no tiene que mostrar antecedentes del delito que justifiquen la participación de los acusados para encerrarlos . Le basta con formalizar y el imputado y su defensa son los que deben probar la inocencia. Un mundo al revés”.

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