Diputados DC solicitaron a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto de la legalidad de las nuevas tablas de mortalidad, publicadas por la Superintendencia de Pensiones (SP) y la de Valores y Seguros (SVS), que el año pasado aumentaron las expectativas de vida de las personas y disminuyeron considerablemente la pensión al momento de jubilarse.
De comprobarse la ilegalidad, el cálculo realizado por las AFP podría revertirse, quedando sin efecto la medida que, a juicio de los diputados, “ha significado un injusto deterioro más para las exiguas pensiones que entrega el sistema”.
Al momento de anunciarse el nuevo cálculo, la bancada de diputados DC planteó al Gobierno, en reunión con la Presidenta Bachelet, su preocupación por el efecto que tendrían estas tablas en el cálculo de las pensiones, solicitando que se revisara su aplicación. A ello, se agrega una solicitud de impugnación realizada hace más de seis meses, aún sin respuesta.
Según la normativa, que se dictó el 20 de noviembre de 2015 y entró en vigencia el 1 de julio de 2016, las expectativas de vida de las mujeres aumentaron a 90,3 años y, en el caso de los hombres, establecen una longevidad de 85,24 años.
Esto provocó que las pensiones de quienes comenzaron a jubilarse desde el año pasado, en modalidad de retiro programado, disminuyeran en torno al 2,2% en el caso de las mujeres y en 2,1% en el caso de los hombres, mientras que en la modalidad de rentas vitalicias, la disminución sería de 2,3% para mujeres y 1,8% para los hombres.
Hoy, en la Contraloría, el diputado y jefe de bancada DC, Fuad Chahin, indicó que “nos hemos visto en la obligación de concurrir a la Contraloría, para que sea esta quien se pronuncie respecto de la legalidad del aumento de las tablas de mortalidad”.
“Nosotros creemos que aumentar de manera artificial las expectativas de vida y bajar las pensiones de los chilenos, nos parece que es un error y una injusticia enorme, por lo tanto, creemos fundamental que esas tablas de mortalidad puedan corregirse y declararse ilegales las resoluciones”, dijo.
Agregó que “nosotros impugnamos esta modificación el mismo mes que entró en vigencia (julio), y ya han pasado 6 meses y no hemos tenido respuestas”.
