Justicia

Fiscal Regional Metropolitano aborda con Chadwick casos de atentados incendiarios en RM

El fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, se reunió con el ministro del interior, Andrés Chadwick, con quien abordó la coordinación en las investigaciones por atentados explosivos incendiarios en la Región Metropolitana, donde el Ministerio del Interior es querellante. Asimismo, se analizó el caso del atentado al sub centro Escuela Militar, donde se condenó a 23 años de cárcel a Juan Flores, por el delito de terrorismo, entre otros.
El tema fue parte otros varios relacionados con la persecución penal en la zona sur de Santiago y en el marco del proyecto de ley que incrementa los estándares de protección de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
Respecto de esto último, indicó Guzmán que “el ministro se comprometió a darle urgencia a la tramitación del proyecto de ley que ya se encuentra ingresado al Senado. Se le van a efectuar algunas modificaciones en orden a aumentar las penalidades y configurar algunas conductas especiales, como los atentados de que pueden ser víctimas los fiscales y funcionarios”, sostuvo.
Al respecto, se refirió al caso de un fiscal de la Undécima Región que fue víctima de un atentado cometido por sicarios contratados por imputados condenados en causas del mismo fiscal y que provocó un incendio de su domicilio.
Aludió, también, a lo vivido la semana pasada por una fiscal de Puente Alto que, a la salida del Juzgado de Garantía, luego de una audiencia de control de detención, fue amenazada por familiares de un imputado, lo que motivó que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur le brindara protección inmediatamente y coordinar con la policía su traslado una vez concluida su labor”.
El persecutor recordó que el año pasado se ingresó un proyecto de Ley, patrocinado por los senadores de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que aumentaba la penalidad a los atentados a fiscales, no solamente con motivo del ejercicio de sus funciones, sino también con ocasión del cargo. Y también se sancionaba a quienes atentaban contra funcionarios del Ministerio Público, que participaban de las labores propias de sus funciones, ya sea en audiencias, en Juzgados de Garantía o en diligencias.
Agregó que, “si bien hoy existen sanciones especialmente establecidas en el Código Penal, éstas resultan ser insuficientes, y las descripciones que ha efectuado la ley también son insuficientes para resguardar cabalmente y de forma integral la labor y el rol del fiscal en la sociedad”.
  


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