Justicia

Caso SQM: fiscal pidió por mail la audiencia de formalización de Pizarro y Rossi

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, envió al 8° Juzgado de Garantía de Santiago un correo electrónico en el que solicita audiencia para formalizar a los senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi por delitos tributarios, en el marco del caso SQM.

De esta manera, se confirmó la información que trascendió anoche acerca de la intención de formalizar a ambos parlamentarios por emitir boletas a SQM por trabajos no realizados, es decir, ideológicamente falsas.

En el caso de Rossi por un total de $44 millones a través de tres personas, principalmente de su ex asesora de prensa, Mariela Molina, y en el de Pizarro por cerca de $45 millones a través de la empresa Ventus Consulting, de propiedad de sus tres hijos.

Antes de confirmarse la decisión del fiscal Gómez, el senador Pizarro declaró a CNN Chile que «no he sido comunicado al respecto, me ha sorprendido este trascendido. He colaborado en la investigación de la Fiscalía como testigo y es primera noticia que tengo. Así es que cuando conozca de qué se trata, me referiré al tema».

Por su parte, Rossi instó a la fiscalía a solicitar su desafuero para defenderse de las acusaciones que lo vinculan con el financiamiento irregular de la política.

“Como es de público conocimiento, llevo más de 2 años y medio siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público, en una de las aristas del caso SQM, pese a no haber sido formalizado en la causa, lo que ha implicado que se ha vulnerado el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defenderme”, sostuvo Rossi en un video que subió a Youtube.

Por su parte, la Fundación Ciudadano Inteligente –querellante en los casos SQM, Penta y Corpesca- declararon que si la formalización sólo se solicita por delitos tributarios, se deja fuera de la indagatoria conocer la verdad respecto al delito de cohecho.

Además, enfatizó que de no existir querellas del SII en contra de los senadores Rossi y Pizarro, las formalizaciones no llegarían a juicios orales en los que la ciudadanía pueda conocer de forma pública y transparente los argumentos de cada parte.

  


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